Imputaron por defraudación y administración fraudulenta al dirigente gráfico Faustino Rosales
Junto al ex tesorero de la Ospida, Segundo Rodríguez, fueron citados a declaración indagatoria para el 25 de marzo en Buenos Aires.
La jueza en lo Criminal y Correccional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, Paula Petazzi citó en el marco de la causa Nº 41072/2018 a declaración indagatoria al expresidente de la obra social de lo gráficos, Faustino “Fausto” Rosales y al ex tesorero, Segundo Beltrán Rodríguez, confirmó el abogado patrocinante de la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines (Ospida), Mariano Di Meglio.
Tras una investigación interna realizada en 2018, el secretario general de los Gráficos de San Luis, “Fausto” Rosales fue destituido de la conducción de la obra social porque fue encontrado responsable de “una millonaria defraudación”.
El actual secretario general de la Fatida, Héctor Schmidt y el tesorero de la obra social, Pablo Merlo sostuvieron que “la justicia tuvo en cuenta todos los antecedentes presentados en la denuncia por defraudación y administración fraudulenta en el desempeño de las funciones” que incurrieron los desplazados directivos de Ospida.
Resolución judicial.
Entre las irregularidades que se adjudicaron a Rosales y Rodríguez, estuvieron “pagos efectuados desde la central por atenciones brindadas a afiliados de la Filial San Luis, sin que se haya realizado al descuento en forma mensual como se procede con las filiales descentralizadas”. A ello sumaron que detectaron maniobras como la emisión de cheques por $1.100.000 por servicios para “beneficiarios con discapacidades diversas” que ya habían sido pagados por la tesorería, informaron.
La investigación arrojó “pagos a prestadores de Chaco por $ 1.200.000 con cheques emitidos en noviembre de 2017 con las firmas de Rosales y Rodríguez de la cuenta corriente N° 4016-12305/5 de Ospida en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que luego se comprobó que no se efectuaron las cancelaciones a ninguno de los prestadores a quienes se imputaron cada uno de los cheques”. A su vez concluyeron que “los fondos tampoco ingresaron a las cuentas corrientes bancarias de esos prestadores y las firmas de los endosantes todas fueron apócrifas, según consta en declaraciones juradas emitidas por los mismos prestadores”.
Según las autoridades sindicales “los informes del Banco Provincia de Buenos Aires dan cuenta que todos esos cheques fueron debitados de la cuenta corriente de Ospida”.
“Todos estos datos se apoyaron en los comprobantes originales que fueron parte de la rendiciones que las filiales envían en forma mensual a Ospida central”, señalaron.
En base a la documentación el 25 de julio de 2018 Rosales y Rodríguez fueron separados del cargo por decisión unánime del 28º congreso extraordinario de la Fatida.
Merlo y Schmidt expresaron ayer su satisfacción por esta decisión de la justicia porque “permitirá dilucidar, luego de la investigación que se lleve a cabo, dónde fue a parar el dinero que pertenece a los trabajadores gráficos del interior”.
Segundo Rodríguez (Foto gentileza).
Ambas autoridades expresaron además su “reconocimiento por el acompañamiento y la comprensión recibida en este tiempo de parte de los responsables de las filiales del interior”, ya que “muchos de ellos tuvieron que soportar por largo tiempo complicaciones en la atención a los afiliados y con el pago en tiempo a los prestadores, que también transmitieron el apoyo y colaboración”.
¿Podrá ser candidato Rosales?
La decisión judicial adoptada el último miércoles en Buenos Aires generó interrogantes en el sindicato Gráfico de San Luis. Es que en los próximos meses se realizarán las elecciones de las nuevas autoridades del gremio, y de acuerdo a las leyes laborales en vigencia, en este caso la Ley madre de los sindicatos Nº 23.551 impide específicamente ser candidato a quienes estén condenados o procesados.
No obstante el resultado final del proceso judicial, quienes acompañan en la actualidad a Rosales, tanto delegados como adherentes en varias empresas, “no verían con mucho agrado” la continuidad del dirigente en el máximo cargo. Aducen “cuestiones de ética sindical” y preferirían que “de un paso al costado para que otros tengan la posibilidad de conducir el gremio”.